El derecho al trabajo más que un concepto constitucional es un hecho social, que implica la posibilidad de contar con una fuente de ingreso válida, legal y suficiente para cubrir las necesidades personales y del grupo familiar.  Al transcurrir los años de servicio, se ve coronado el esfuerzo, constancia y dedicación con el tan ansiado beneficio de la jubilación y el consiguiente cobro de las prestaciones sociales.  Los llamados pasivos laborales, constituyen un patrimonio propiedad de los trabajadores, quienes tienen derecho al mismo en el momento que lo exijan, sea por retiro, despido, destitución, tiempo de servicio cumplido o, en el peor de los casos, muerte, cuando  a sus herederos legítimo.  Llegado este punto , cobra especial importancia, la actuación de la administración de recursos humanos en el ámbito especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,  donde nuestros funcionarios deben internalizar la responsabilidad que tiene en relación al manejo de los fondos destinados a honrar los compromisos laborales de los organismos, así como la diligencia que deben poner de manifiesto en la cancelación de los mismos, so pena de incurrir en supuestos que pudieran generarle responsabilidad administrativa, penal, civil y/o disciplinaria, por contrariar lo previsto en instrumentos legales  que van desde los principios fundamentales establecidos en la carta magna, Ley Orgánica de la Contraloría General  de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica del Trabajo, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley de Simplificación de Trámites Administrativos hasta la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos, con acciones u omisiones en el ejercicio de la función pública que les ha sido encomendada.  La labor pertinente, dispuesta, simplificada y apegada a la norma legal, redundará en una efectiva y eficaz respuesta, que tendrá como consecuencia, que los trabajadores puedan disfrutar oportunamente de los haberes producto de su trabajo, debiendo convertirse esta en una premisa que oriente el proceder de todos los que gestionan las áreas que tienen responsabilidades en este aspecto, primero por el hecho de justicia social que ello implica, y luego porque estos mismos funcionarios, en algún momento, deben pasar por el mismo proceso al finalizar su relación laboral con la organización.